El país | Sábado, 4 de mayo de 2013
FUNCIONARIOS, JUECES Y VICTIMAS DEBATIERON SOBRE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y LAS FORMAS DE ERRADICARLA
Una asignatura pendiente de la democracia
El debate se dio en el marco del encuentro nacional que se realizó en la Plaza del Congreso. Más de dos mil personas participaron de las deliberaciones. Se habló de la responsabilidad del Estado y la criminalización de la protesta.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue quien leyó el documento final del encuentro.
Por Nicolás Lantos
“El desafío de una democracia sin violencia institucional necesita de
los familiares y las organizaciones, de los funcionarios, jueces y
fiscales que creen que una Justicia democrática es posible, de
fortalecer un Estado que castiga a los responsables de violar los
derechos de aquellos a quienes deben cuidar.” La voz de Estela de
Carlotto sonaba firme mientras leía el documento. Unas quinientas
personas se agolpaban en una de las cinco carpas montadas para el primer
Encuentro contra la Violencia Institucional que se llevó a cabo ayer en
la plaza del Congreso y en el interior del Palacio Legislativo. Afuera,
como durante todo el día, la lluvia caía sin pausa, constante como un
corredor de fondo, obligando a los que se quedaron hasta el final de la
jornada a apretujarse bajo el gacebo de tela para no mojarse. Más de dos
mil participaron, a lo largo de todo el día, en diez mesas distintas de
debate, con el concurso
de miembros de los tres poderes del Estado, activistas de los derechos
humanos, referentes políticos y sociales y familiares de víctimas del
abuso del poder estatal.
“Esta fuerza que está aquí hoy, aguantando la lluvia, es un pueblo
que quiere seguridad, pero también pide que no exista la represión
institucional, que es un crimen terrible, porque participa el Estado”,
dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo a Página/12 al concluir la
actividad. Carlotto iba a encabezar el acto de cierre en un escenario
montado en una punta de la plaza pero la inclemencia del clima obligó a
realizar la lectura del documento en una de las carpas. “Es importante
distinguir que en estos casos no es el Estado como tal quien provoca la
violencia, como sucedía en la dictadura, sino que se trata de personas e
instituciones que desde su interior no se adaptan a la democracia”,
aclaró.
El encuentro había sido inaugurado horas antes por el
vicepresidente Amado Boudou en el Salón Azul del Senado, en compañía del
juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el secretario de Derechos
Humanos, Martín Fresneda, y el titular de la Cámara baja, Julián
Domínguez (ver aparte). A lo largo de la tarde se sucedieron las mesas
de debate, donde se discutieron temas como la represión de la protesta
social, el tratamiento que le dan los medios a la violencia
institucional, la problemática de género en estos casos, el control
político y civil de las fuerzas de seguridad, entre otros tópicos. De
los paneles participaron entre otros la ministra de Seguridad, Nilda
Garré; la fiscal general Alejandra Gils Carbó; el titular de la Afsca,
Martín Sabbatella; dirigentes oficialistas como Luis D’Elía (Miles) y
opositores como Fernando Esteche (Quebracho) y familiares de víctimas
como Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, y Susana Trimarco,
madre de Marita Verón.
“La política de no represión que tan lejos llevó la gestión de
Kirchner a partir de 2010 sufre algunos golpes. Es necesario terminar
con el autogobierno de las fuerzas de seguridad y plasmar esta discusión
en una ley”, planteó Ferreyra al ser consultado por este diario acerca
de las cuentas pendientes en este ámbito. El hermano del militante del
PO asesinado por una patota ferroviaria en 2010 también manifestó su
preocupación acerca de que el protocolo de seguridad que emanó del
Ejecutivo nacional debería ser adoptado por todas las provincias para
evitar situaciones de violencia.
Al respecto, durante toda la tarde sobrevoló la plaza el recuerdo
de lo sucedido la semana pasada en el Hospital Borda a partir de la
represión de la Policía Metropolitana, una fuerza que no adhiere a los
lineamientos que dicta el Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese
sentido, el vicepresidente Boudou denunció que el jefe de Gobierno
porteño, Mauricio Macri, creó esa fuerza porque “quería espiar y
reprimir a los vecinos de
la ciudad de Buenos Aires cuando algo no le gusta”. Fresneda, en
tanto, fue más allá al asegurar que “las fuerzas de seguridad no van a
reprimir donde las autoridades políticas no las envían”, por lo que
destacó que es “la clase política la que tiene que tener la capacidad de
conducir” para acabar con la violencia institucional.
“El control político del correcto desempeño de las fuerzas de
seguridad no es una actitud antipolicía, porque son los malos policías
los que desprestigian y le hacen mucho daño a la institución”, señaló a
su turno la ministra Garré, quien descartó la idea “que dice que no
puede haber políticas de seguridad eficientes si se respetan los
derechos humanos”. En ese sentido, el documento final que leyó Carlotto
en la carpa atestada de gente que se refugiaba de la lluvia volvía a
poner la mirada en “las dificultades que la democracia todavía tiene
para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de
justicia.”
El texto concluye señalando que “la lucha de familiares y
militantes ha demostrado que denunciar a la policía ya no es imposible,
pero convive con hechos cotidianos de impunidad y complicidad, con la
violencia y la ilegalidad policial”. En todas las mesas de discusión se
coincidió en que la necesidad de erradicar estos casos, más que nunca,
recae en el único responsable de que sucedan: el Estado, a través de sus
tres poderes debe gobernar, legislar y juzgar en consecuencia con una
concepción democrática de la seguridad y la relación entre el poder
institucional y la ciudadanía.
Fuente: www.pagina12.com.ar
