Martes, 02 de junio de 2015
En su informe 2015 sobre DD.HH. y sociales, el CELS
cuestiona a los gobiernos nacional y porteño por el incumplimiento de la
Ley Nacional de Salud Mental. El primero, por dificultar la aplicación y
el segundo, por promover la privatización.
Por Pedro Lipcovich
El
CELS cuestionó a los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos
Aires en cuanto al cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. Al
primero, porque el Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud
mostraría “una posición ambigua, si no resistente” ante la ley, “cuya
meta es el cierre de los manicomios en 2020”. Al segundo, porque “para
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la política de salud mental es
manicomial”, con “los modelos de segregación propios de las
instituciones asilares”. En el Plan Nacional, la sustitución de los
hospitales monovalentes por dispositivos con base en la comunidad,
requerida por la ley, habría quedado desplazada por una “adecuación” que
preservaría la institución manicomial. En la Ciudad, intentos de
impulsar la atención comunitaria fueron desarticulados por el gobierno
porteño, cuyo propósito sería mantener las internaciones manicomiales
“tercerizándolas en servicios privados”. En la Ciudad, el 80 por ciento
de los recursos en salud mental se destinaría a “los monstruos
manicomiales”. Y, en todas las jurisdicciones, se vendría desestimando
la persistencia de instituciones privadas que desarrollan prácticas
manicomiales.
Las observaciones del CELS ocupan un capítulo de su Informe 2015
sobre derechos humanos y sociales en Argentina, según el cual el Plan
Nacional de Salud Mental, elaborado por la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones, “no hace referencia a ninguno de los mandatos de la
Ley Nacional de Salud Mental, cuya meta es el cierre de los manicomios
en 2020”: “no se hace referencia directa a la sustitución de hospitales
monovalentes ni a la vulneración de los derechos humanos de las personas
que viven en los manicomios”, y señala una “ausencia de políticas que
favorezcan la inclusión social”.
El CELS señala que el Plan plantea “una adecuación” de las
instituciones monovalentes y que “concebir la sustitución indicada por
la Ley de Salud Mental como mera transformación es una postura que
pretende preservar estas instituciones: la ley establece sustituirlas y
no transformarlas”. En el Plan, “no se nombra a los psiquiátricos
monovalentes y aparecen en su lugar las expresiones ‘efectores públicos’
e ‘instituciones públicas’. De esta manera, se cambia el eje de la
evaluación al ordenar sustituir lo público, en lugar de sustituir los
psiquiátricos monovalentes, sean públicos o privados”, según el CELS.
Además, afirma el CELS, en el Plan se harían equivaler las
categorías “incluidos en un hogar” y “en dispositivos residenciales
comunitarios”, lo cual “borra las di ferencias entre situaciones bien
distintas. El ‘hogar’ es una institución total basada en un paradigma
que tiende a obturar la inclusión social. Proponer el pasaje de
pacientes a los hogares, habilita la reproducción de las lógicas
restrictivas de la libertad.” “El resultado es una posición ambigua, si
no resistente, ante la obligación de implementar la ley.”
En la Ciudad de Buenos Aires, el informe denuncia “dos hechos que
dan cuenta de la política pública de salud mental”. Uno de ellos es “la
desarticulación del Programa de Atención Comunitaria (PAC) de Niños,
Niñas y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos”, que “había
ayudado a mantener a más de trescientos niños en su medio familiar y
evitar internaciones”. Un segundo hecho fue el intento de licitación de
un “servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos”, que
vendría a mantener las internaciones prolongadas “tercerizándolas en
servicios privados”. Esta licitación pudo frenarse gracias a “acciones
legales de la Asesoría General Tutelar y de organizaciones de la
sociedad civil”.
También señala en la Ciudad “la privación de recursos”, ya que “más
del 80 por ciento del presupuesto se asigna a las cuatro grandes
instituciones psiquiátricas: Borda, Moyano, Alvear y Tobar García,
librando apenas un 20 por ciento para los dispositivos ambulatorios y
los programas que apuntan a la reinserción en la comunidad”. “Cada año
se observa un aumento de lo asignado para los hospitales monovalentes”,
mientras que “se quitan recursos a dispositivos de tipo ambulatorio como
los centros de salud mental y el Programa Talleres Protegidos”. Además,
en los hospitales monovalentes, la distribución presupuestaria
“privilegia los servicios de internación por sobre los ambulatorios”.
Se refiere también a una desfinanciación de los Cesac porteños,
centros de atención primaria “en los cuales debería apoyarse la
respuesta sanitaria sobre la base de la comunidad como alternativa a la
internación”: sólo en cuatro de ellos aumentó el presupuesto. Y en los
hospitales generales, la salud mental “ocupa menos de un uno por ciento
del presupuesto y no encontramos información sobre qué implica
concretamente”. En resumen, “para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires la política de salud mental es manicomial y está sesgada por los
modelos históricos de segregación propios de las instituciones
asilares”. La caracterizan, según el CELS, “la defensa orgánica del
hospital psiquiátrico y el desmantelamiento de la oferta
descentralizada”. Como consecuencia, “sin una red comunitaria que
despliegue la atención primaria, las personas quedan a expensas de las
lógicas de una institución de poder totalitario que sostiene prácticas
abusivas”.
Finalmente el CELS advierte que “la Ley Nacional de Salud Mental
puede ser letra muerta si no existen prácticas institucionales que
lleven adelante el proceso de transformación”. Página/12 intentó
comunicarse con los ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad de
Buenos Aires, pero no obtuvo respuesta.
Fuente: Página|12
