Es un método anticonceptivo de emergencia que, para que tenga efecto, debe suministrarse hasta 72 horas después de que haya ocurrido un coito sin protección.
Hospitales y centros de salud deberán suministrarlo en caso de violación o contacto físico; las escuelas deben denunciar los hechos en un plazo máximo de 24 horas.
|Ricardo Leguizamón
La Provincia ya cuenta con un protocolo que establece cómo actuar en casos de abuso sexual infantil, y que prevé, además, una especie de abecé respecto de qué pasos seguir de modo de evitar que el menor sea “revictimizado”. Para eso, le otorga una importancia relevante a la labor de los defensores, que serán quienes, en un plazo no menor de 24 horas, deberán ser notificados de lo ocurrido.
El documento fija cómo considerar el grado de urgencia de tratamiento de cada caso, y el circuito que debe recorrer una denuncia por abuso sexual infantil. Así, agrega nuevas vías de presentación de un caso: además de las fiscalías de turno o la Policía, como ocurre hasta ahora, prevé que el hecho pueda ser puesto en conocimiento de las autoridades por la propia víctima, o sus representantes legales, o por las instituciones públicas que lo detecten, como la escuela o un centro de salud.
Una vez conocido el hecho, ninguna víctima podrá ser revisada por un médico policial ni se le podrá tomar testimonio de ninguna otra forma que no sea a través de una Cámara Gesell.
URGENCIAS. El protocolo divide a los casos de abuso entre “urgentes” y “no urgentes: los primeros son aquellos en los que hubo contacto físico entre el menor y el agresor y que haya ocurrido en un plazo menor a las 72 horas; los segundos, 72 horas después. “Los criterios para delimitar la urgencia del caso son la garantía de protección del niño/a de forma inmediata, tanto de protección jurídica como de atención psicosocial y la posibilidad de lograr evidencia física del abuso”, subraya el texto.
Pero no sólo dice qué hacer, sino cómo hacerlo, y para eso pone en la obligación de los hospitales y centros de salud de contar con un “kit de atención” en casos de abuso sexual, que contendrá los siguientes elementos: bolsa o sobre de papel Manila para la ropa de la víctima; hoja de papel del largo de la camilla, “para desvestir a la víctima sobre esta hoja, si cae algún pelo o prueba que pueda incriminar al agresor, luego se dobla con cuidado para que no se pierdan las pruebas”; y también un anticonceptivo de emergencia, la denominada píldora del día después, “en el caso de niñas que hayan menstruado”.
El tratamiento, que se realizará “únicamente en las situaciones que el caso lo justifique: violación o sospecha de contacto de riesgo con las secreciones del agresor”, dice el protocolo, incluirá, en el caso de las menores, la pastilla del día después, un método de anticoncepción que para la Iglesia Católica es claramente “abortivo”.
MÁS CASOS. El denominado Protocolo interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual infantil en la Provincia de Entre Ríos fue redactado, de forma conjunta, por la Defensoría del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Ministerio de Salud, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Consejo General de Educación (CGE), el Ministerio de Gobierno y la Policía de Entre Ríos.
El Gobierno ya le dio forma de instrumento obligatorio de actuación en los distintos organismos, y lo hizo a través del decreto Nº 2.405, que firmó el 5 del actual el gobernador Sergio Urribarri. La norma, además, invita a los municipios a adherirse, y también crea el denominado observatorio de seguimiento de los casos de abuso.
“Este protocolo es de aplicación obligatoria”, confirma el defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Maximiliano Benítez. “Y es el primero con estas características que existe en el país, al menos que yo tenga conocimiento. Una vez que se conoció de su existencia, hemos estado recibiendo llamados desde distintos lugares”, señaló.
La certeza que hay en la Justicia es que cada vez ocurren más casos de abuso, y como dato sintomático, la Defensoría decidió designar a cuatro defensores, dos en Paraná y otros dos en Concordia, para atender exclusivamente esos casos.
“A medida que uno da posibilidades de hacer la denuncia, y más seguridad a la gente, se conocen más casos. Quizá antes lo que ocurría es que había menos denuncias”, dice Benítez.
CIRCUITO. El protocolo contiene un “circuito” de la denuncia de abuso sexual infantil, y en primer lugar ubica a la escuela, donde estará el resguardo de que será un defensor, y no el maestro en nombre propio, quien haga la denuncia en caso de detectarse un caso. Así, el maestro debe comunicar el hecho a los padres del chico si el caso ocurrió fuera de la casa; o poner en conocimiento al defensor de Menores, si sucedió en la propia familia, y esa comunicación deber hacerse en un plazo “no superior a las 24 horas”.
Igual actuación deberá ocurrir en los hospitales y centros de salud, aunque en el caso de la Policía el protocolo prevé que no se tome testimonial al menor, que se ponga en conocimiento inmediato al juez o fiscal de turno, y que se evite la revisación por parte del médico policial. Y para la Justicia, ordena que se tomen todas las medidas de protección hacia el niño, y que todo testimonio se obtenga con la modalidad de Cámara Gesell, “o por personal idóneo y en las condiciones de privacidad necesarias si no se contara” con esa tecnología.
Pero la escuela es, todavía, un lugar clave para detectar esos casos, y por eso el Consejo de Educación elaboró un instructivo que distribuyó en las instituciones educativas. “Ante casos de abuso sexual develados, la escuela debe convertirse en un espacio de reparación”, dice.
El protocolo interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual infantil se firmó en Concordia el 5 de julio, y al día siguiente el STJ lo aprobó en el Acuerdo General de ese día, y lo puso en vigencia desde el 1º del actual. Y ya hubo una primera aplicación concreta, en dos casos de abuso que ocurrieron, precisamente, en Concordia.
De qué se trata el anticonceptivo
El protocolo establece que ante un caso de abuso, y cuando haya contacto físico entre el agresor y la víctima, los médicos deberán pedir muestras de serología para VIH (virus inmunodeficiencia humana), hepatitis B, hepatitis C y de toda otra enfermedad de transmisión sexual.
También, en caso de que hubiera contacto físico, a las menores se les suministrará un anticonceptivo de emergencia, el levonorgestrel 150 miligramos.
El levonorgestrel es el principio activo del anticonceptivo de emergencia denominado «píldora del día después». Es uno de los métodos disponibles para mujeres, que es usado para prevenir el embarazo durante los primeros días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección.
El levonorgestrel se usa como píldora anticonceptiva de emergencia transcurridos tres días del coito sin protección.
El medicamento previene la ovulación, la maduración y la salida del óvulo del ovario, evitando la unión del óvulo con el espermatozoide. Además, dificulta el transporte de los espermatozoides, impidiendo que estos se unan al óvulo (efecto anticonceptivo).
La Iglesia dijo no
A PRINCIPIOS DE 2008, cuando el Ministerio de Salud de la Nación anunció que la distribución de la píldora del día después sería de distribución gratuita en todos los hospitales públicos, la polémica se instaló con la Iglesia Católica.
“El empleo de la pastilla del día después no es correctamente moral”, dijo públicamente entonces el arzobispo de Paraná, Mario Luis Bautista Maulión.
Para el jefe de la Iglesia, “el hecho de que las autoridades estén repartiendo esto, no significa que estén haciendo algo moralmente correcto o lícito”.
El planteo del clero es que se trata de un método “abortivo”, y como tal “nunca es lícito”. “Si esto forma parte de una política sanitaria, yo lamento que nuestra política sanitaria vaya por este carril”, aseveró.
Fuente: EL DIARIO
